HILO 2
Tejiendo alianzas por la seguridad humana
Alianzas por la seguridad ciudadana y derechos humanos
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Las dificultades para ejercer el derecho a la seguridad en América Latina
En América Latina[1] la tasa de homicidios es de 25.6[2], cuando la tasa mundial es de 9.2. Entre jóvenes de 15 a 29 años, la tasa regional es de 68.6. Los homicidios contra hombres son 10 veces más numerosos que los que afectan a mujeres, pero en el caso de las mujeres estos sucesos se relacionan en general con violencia sexual, haciendo que la situación de inseguridad de las mujeres sea mucho más grave. La tasa de muertes por accidentes de tránsito es de 18.1 y por suicidio es de 5.6. No es casual que, de acuerdo con el Latinbarómetro 2007, el crimen y la violencia son considerados los problemas más importantes en todos los países latinoamericanos, de modo que 73% de sus habitantes siente temor de sufrir un delito violento y 63% considera que su país es muy inseguro.
En este contexto, la ONU señala tres importantes desafíos para la seguridad en América Latina, que afectan a las mujeres, la población juvenil y las personas que pertenecen a alguna minoría[3]:
· La violencia de género, tanto en el ámbito de la vida privada como en el de la pública; en México, esto supone a más de la mitad de la población.
· Las limitaciones para el desarrollo de las y los jóvenes, que les hace vivir esta etapa en condiciones de riesgo; para el caso de México, se afecta así a 3 de cada 10 habitantes.
· La discriminación contra cualquier minoría, que pone de manifiesto la necesidad de superar estereotipos que terminan afectando al resto de la población.
Así, aunque México al igual que la mayoría de los países latinoamericanos ha sobrepasado a otras regiones en vías de desarrollo durante las últimas décadas por su capacidad para generar riqueza, el país es conocido mundialmente por sus elevados niveles de desigualdad y violencia, lo cual dificulta la consolidación de una democracia real y vacían de sentido la débil democracia formal que a duras penas se ha ido implantando[4], de modo que la vida social se fragmenta al imponerse la ley de “sálvese quien pueda”; en este ambiente el tejido social se desvanece y lo único “realista” parecen ser las alianzas “pragmáticas”, sin referencia a la dignidad humana o al bien común, orientadas a la supervivencia o a la conquista del poder.
JUZGAR
Alianzas para la seguridad ciudadana
Tradicionalmente la problemática de la inseguridad ha sido atendida desde enfoques de “prevención” o “lucha contra” el delito o el crimen, es decir, contra los síntomas del malestar social, buscando conservar el “orden público” y reprimiendo toda forma de descontento. Bajo este enfoque, se clasifica a las personas en “gente de bien”, que no se mete en problemas y se dedica “pacíficamente” a “sus” asuntos, mientras que la “mala gente” es sospechosa de “andar en malos pasos” y por eso “les va como les va”: son pobres, causan sospecha, se visten mal, etc.
En esta lógica egoísta, el tejido social consta de relaciones de conveniencia entre “gente decente”, mientras que a la “gente sospechosa” debe tratársele con “cero tolerancia” y “mano dura” para que haya “limpieza social”.
Sin embargo, la paz de Jesús no es la “paz del mundo”. En la escena de su presentación en el Templo, es recibido por Zacarías como “Signo de contradicción” (Lc 2, 34-35). En su ministerio, Jesús es visto como sospechoso por el tipo de gente que le acompaña (Mt 9, 10-13) y afirma que no vino a traer paz sino guerra y espada (Mt 10,34-42), es decir, paz verdadera, no la “pax romana” de los sepulcros, sino la de los vivientes que implica el conflicto y su auténtica superación por medio del diálogo incluyente y respetuoso, donde los diferentes actores puedan corresponsabilizarse de construir cotidianamente un tejido social con base en la paz con justicia y dignidad, incluyente de los derechos de todas las personas y todos los colectivos, en armonía con el ambiente.
Esto coincide con lo que expresa el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada por la Asamblea General de la ONU en 1948: la aspiración más elevada de la humanidad es “el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria” accedan al progreso social y a la mejora en su nivel de vida “dentro de un concepto más amplio de la libertad”, cuya garantía es responsabilidad de los Estados Miembros. El Derecho a la Seguridad se entiende como el derecho a la certidumbre de que se contará con oportunidades y condiciones reales para que las personas y los colectivos puedan vivir sin carencias ni amenazas que limiten sus oportunidades de optar por un estilo de vida digno, gratificante y útil.
¿Cómo buscar esta seguridad cuando se “gobierna” por medio de la “guerra contra el crimen” y se nos asegura a hora y deshora que es para “vivir mejor”? ¿Con qué “gente sospechosa” aliarnos de modo que fortalezcamos los caminos de Jesús?
Para explorar algunas respuestas, la memoria de las demandas sociales es como siempre de gran ayuda. ¿A quiénes se ha señalado como adversarios del orden social por denunciar las injusticias y exigir respeto incondicional a los derechos de todas y todos? ¿Quiénes han estado buscando acceso de las personas más marginadas a servicios de salud, educación y vivienda dignas? ¿Quiénes han hecho alianzas que privilegian únicamente sus propios intereses a costa del bien común?
Por otra parte, en nombre de esta memoria histórica, es necesario mantener en estas alianzas una cercanía crítica, recordando que el mundo justo, pacífico y digno ha de construirse diario congruentemente. Aliarse es corresponsabilizarse de una agenda común, recordar que lo que demandamos son derechos para todas las personas y no favores ni privilegios, pues de lo contrario las cosas se mantendrán en la lógica del “quítate tú para ponerme yo”, a costa de los derechos y la dignidad humana.
ACTUAR
Alianzas por la seguridad ciudadana en tiempos de tomar decisiones
A partir de lo anterior, la Seguridad Ciudadana se asume como un derecho que fundamenta a los otros derechos y también como un criterio para la construcción de ciudadanía: ejercer ciudadanía es una forma de reforzar la seguridad y la vigencia de los derechos, y para ejercer ciudadanía es necesario contar con la seguridad de que se respetarán los derechos humanos.
El Enfoque de Seguridad Ciudadana puede funcionar como un criterio para establecer acciones comunitarias donde los llamados “grupos vulnerables” no sean vistos como receptores de “caridad”, sino como aliados en el fortalecimiento de la seguridad, es decir, como parte de la solución y no como parte del problema, fomentando el tejido social a través de la participación y el ejercicio corresponsable de derechos.
Construir alianzas desde el Enfoque de Seguridad Ciudadana es fortalecer más aún el tejido social, al sumar fuerzas y capacidades a favor de los derechos y la corresponsabilidad ciudadana, que a su vez se vuelven criterios para orientar el contenido que deben tener estas alianzas. Cada actor de la alianza debe ser artífice de la paz promoviendo y respetando los derechos, nuestra forma de convivir tiene que estar marcada por el respeto a la dignidad de los demás. Entre las posibles alianzas habría que incluir a movimientos claramente comprometidos con los derechos de diferentes grupos como los de defensa de los derechos de las mujeres, de migrantes, movimientos por la tierra o el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Tocará a cada comunidad la tarea de informarse y discernir con qué grupos y movimientos aliarse, y hasta qué punto, por ejemplo difundir entre vecinas y vecinos información sobre actividades, acudir a las mismas, apoyar en especie o en efectivo estas actividades, etc.
Así, es preciso insistir en que los sujetos y los responsables del Derecho a la Seguridad son varios: el gobierno en sus tres órdenes, las comunidades locales, las familias y cada ciudadana y ciudadano, para facilitar la empatía y la comunicación con el resto de la comunidad, de manera que se propicie en cada uno de estos sujetos el desarrollo de habilidades para vivir seguramente y para contribuir a la seguridad ciudadana en sus entornos a partir de que todas y todos ejerzan corresponsablemente sus derechos.
[1] Se presentan datos sobre la región debido a la debilidad de los sistemas de información en México, aunque sabiendo que las características del país responden por completo al patrón regional, como a cada una y cada uno de nosotros nos consta por experiencia cotidiana.
[2] Tasa por 100,000 habitantes.
[3] Programa ONU-Habitat, Guía para la prevención social. Hacia políticas de cohesión social y seguridad ciudadana, 2009, p.12.
[4] Ídem, p.15. Para México, el costo de la inseguridad es del 15% del PIB (Ídem, p.17).
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