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Reformas conciliares detrás de la misa en latín.
Bernardo Barranco V.
El papa Francisco ha dado un duro golpe a los tradicionalistas y conservadores católicos. El pontífice argentino anunció el viernes 16 de julio un marco restrictivo para celebrar la misa antigua en latín, modificando un decreto de 2007 de su predecesor, Benedicto XVI, que la había cedido a la presión de los católicos tradicionalistas. Joseph Ratzinger justificó la medida para fortalecer la unidad de la Iglesia. En su momento, Benedicto XVI fue muy cuestionado, pues daba señales de alejarse del Concilio Vaticano II que, en definitiva, impulsa la reforma litúrgica permitiendo que la nueva celebración litúrgica se articule en los idiomas locales, y el sacerdote celebrante de cara a los feligreses asistentes a la misa.
A dos días de haber salido del hospital, Bergoglio ha publicado un motu proprio que modifica las normas de las celebraciones en la liturgia anterior al concilio. Serán los obispos quienes ahora se encargarán de las regulaciones de las misas en latín. En carta a los obispos explica:
La intención pastoral de mis predecesores de alcanzar el deseo de unidad ha sido muchas veces desatendida. En efecto, el motu proprio de Francisco Traditionis custodes, para promover la concordia y la unidad de la Iglesia, revocó en los hechos el decreto Summorum pontificum de Benedicto XVI de 2007 que había rehabilitado la misa en latín o misa tridentina, instaurada por San Pío V después del Concilio de Trento (1542-1563) que perduró hasta las reformas del Concilio Vaticano II.
Francisco explica la drástica decisión de abrogar la misa en latín de la siguiente manera: Es defender la unidad del Cuerpo de Cristo que me veo obligado a revocar la facultad otorgada por mis predecesores. El uso distorsionado que se ha hecho es contrario a las razones que les llevaron a conceder la libertad de celebrar la misa tridentina.
Francisco fundamenta que la decisión se deriva de amplias consultas realizadas en los últimos años, por la Congregación de la Doctrina de la Fe, para verificar la implementación gestionada por Benedicto XVI: reveló una situación que me duele y preocupa, confirmando la necesidad de intervenir. Lamentablemente, la intención pastoral de mis predecesores, que habían tenido el objetivo de hacer todo lo posible para que todos los que verdaderamente desean la unidad permanezcan o la encuentren de nuevo, han sido a menudo gravemente pasados por alto. San Juan Pablo II y con mayor magnanimidad aún Benedicto XVI para recomponer la unidad del cuerpo eclesial en relación con las diversas sensibilidades litúrgicas ha servido para aumentar distancias, endurecer diferencias, construir contrastes que hieren a la Iglesia y entorpecen su avance, exponiéndola al riesgo de divisiones. Al restringir la misa en latín, el Papa provoca a los fundamentalistas y conservadores. ¿Con qué fin? ¿Es un golpe de autoridad del pontífice argentino frente a sus opositores? ¿El hecho ahondará aún más sus diferencias con Ratzinger, el Papa emérito? Para diversos especialistas, Francisco reacciona a la regresión litúrgica operada por Benedicto XVI, porque se había agitado un proceso de deconstrucción tanto de las orientaciones del concilio como de su legitimidad.
El tema es profundo y opone las dos visiones de los últimos pontífices sobre las reformas de la Iglesia operadas por el concilio. Es real, el pontificado de Benedicto XVI se fue alejando paulatinamente de la centralidad del Concilio Vaticano II, que condujo a acercarse aún más a los sectores ultraconservadores de la Iglesia. En diversas ocasiones llamó a perfeccionar la hermenéutica del concilio y reprochó que el concilio en su versión mediática se hubiera instalado como el verdadero. Sujetó el impulso del catolicismo posconciliar, manteniendo la preminencia en Roma. Recordemos al gran teólogo Hans Kung, recientemente fallecido, quien en una carta abierta declaró: Una y otra vez, este Papa relativiza los textos conciliares y los interpreta de forma retrógrada contra el espíritu de los padres del concilio. Incluso se sitúa expresamente contra el concilio ecuménico, que según el derecho canónico representa la autoridad suprema de la Iglesia católica. Benedicto XVI no quiere saltos hermenéuticos, sino reformas graduales desde la tradición de la Iglesia, que van más allá del propio concilio.
Las reacciones a la decisión de Francisco no se han hecho esperar y sus adversarios aprovechan para arremeter contra el papa jesuita. Un caso lo tenemos en Antonio Socci, analista italiano, quien ha negado, en un libro, la legitimidad pontifical de Francisco al haber encontrado inconsistencias en el cónclave. Socci sostiene que no es la misa en latín lo que provoca el rechazo del Concilio, sino, sus propias innovaciones revolucionarias que nada tienen que ver con el Concilio. Socci arremete: La decisión de Francisco derrumba un pilar clave del pontificado de Benedicto XVI, es un error doloroso que quita la libertad y provocará nuevas divisiones. El Papa hace el gran regalo a los lefebvrianos de la exclusividad del rito antiguo y de algunos fieles.
En las redes surgen las voces críticas contra Francisco. En defensa del misal tridentino están el cardenal Zen Ze-kiun, resentido por los acuerdos con China; el arzobispo Carlo Maria Viganò, que insiste en la dimisión del Papa; el cardenal africano Robert Sarah, ratzingerista. El cardenal Gerhard Muller, ex de la Congregación de la Fe, critica el trato diferenciado del Papa a la misa en latín versus el audaz camino sinodal alemán. Está en juego no sólo la disputa por el orden litúrgico, sino la legitimidad y reformas operadas en el concilio. Francisco es su defensor y baluarte.
Sus adversarios tienen la oportunidad de arremeter con todo.
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SERVICIO DE ARTICULACIÓN CEB CONTINENTAL
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Empresarios y corporaciones, detrás de los golpes blandos.
En la experiencia latinoamericana, detrás de los golpes de Estado blandos han operado los grandes capitales. Contralinea. Empresarios y corporaciones reaccionan cuando se les tocan sus intereses, por eso están muy cómodas con gobiernos de derecha, señala el doctor en derecho Mario Santiago. Lo que sucede en México se parece mucho a lo que ha pasado en Brasil y Bolivia, considera.
"Cuando los países soberanamente comienzan a tomar acciones en contra de los grandes empresarios, de las grandes corporaciones internacionales, éstas se defienden y ejercen una presión en contra de los Estados porque evidentemente están tocando sus intereses. Estas organizaciones están muy cómodas trabajando con gobiernos de derecha que tienden a favorecer al capital, a los grandes empresarios, incluso con cuestiones inverosímiles como la privatización de las prisiones, de los servicios de salud", señala el doctor en derecho Mario Santiago Juárez.
El profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Tlaxcala advierte que esta reacción se está viviendo en México, porque el gobierno federal intenta revertir contrataciones que más que negocios son un franco saqueo, a través de mecanismos corruptos de contratos leoninos en contra del Estado y que, además, acabamos pagando todos con dinero público, como por ejemplo el caso de las farmacéuticas.
Por ello el experto en derecho constitucional y en derechos humanos observa que "lo que pasa en el país sí se parece mucho a lo que ha sucedió en países latinoamericanos como en Brasil, con el proceso en contra de Dilma Rousseff; lo que pasó con Evo Morales, en Bolivia; y lo que ha pasado en Ecuador. Procesos de derrocamientos de gobiernos legítimos con técnicas asociadas a el llamado golpe de Estado blando.
El doctor Mario Santiago destaca que los cambios que se han emprendido por parte del gobierno generan descontento en esa cúpula empresarial. Ese malestar también se da ante un papel más importante de parte del Estado para otorgar servicios básicos a los más necesitados, que son derechos humanos, pues los particulares eran parte de este negocio enorme, porque cuando hay dinero estatal de por medio, las cantidades son enormes.
Es por ello que, indica, "al ser los damnificados de estas políticas se van a aglutinando, y es cierto que está ahí latente la tentación de hacer movimientos antidemocráticos, contrarios a lo que plasma nuestra Constitución y que son el principio democrático".
De hecho, observa que a pesar de que México es una república democrática, estos grupos de poder económico y político van en contra de las instituciones. "Estos grupos hablan de que el gobierno va en contra de las instituciones, pero ellos son los primeros en atentar contra éstas. Un ejemplo clarísimo es que intentan diezmar el poder que tiene el Congreso cuando es la representación del pueblo, y el Ejecutivo fue designado de forma directa por los ciudadanos. Entonces, las decisiones que toma el presidente las toma durante seis años y la legislación y la Constitución son los únicos límites al poder del Ejecutivo, pero nada dice que los empresarios pueden oponerse por otra vía que no sea la democrática a las decisiones soberanas del Congreso y del Ejecutivo".
Para el experto en derecho constitucional, sí hay pistas de un intento de golpe de Estado blando en el país. "Me parece que ahí la clave es el papel que pueda estar jugando Estados Unidos, pues en la historia en algún momento tendremos toda la información para poder aseverar que Estados Unidos estuvo detrás de todos los golpes blandos que se han dado en Latinoamérica. Y queda claro que en el caso de Bolivia es abierto porque el entonces presidente [Donald] Trump jugó ahí un papel importante para el golpe de Estado que se promovió contra Evo Morales que, como dicen, fue un golpe de Estado blando, pero ni tan blando porque una de las características de esos golpes blandos es que busca cumplir con la legalidad, pero es una legalidad para ellos muy formal porque sobredimensionan ciertas cuestiones y entonces la judicialización de la política es gravísima".
Estrategias anti-golpe.
El académico y defensor de derechos humanos advierte que también hay indicios de una estrategia anti-golpe. Como ejemplo cita la propuesta para que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en manos del ministro Arturo Zaldívar, se extienda 2 años más. "Creo que por ahí van estos movimientos que se están haciendo para fortalecer a la Corte, porque la Corte puede también estar infiltrada, y de hecho lo estuvo: una de estas infiltraciones fue [el exministro Eduardo] Medina Mora".
—Entonces esta propuesta de que permanezca el actual presidente tanto en la Corte como en la Judicatura no sólo sería por la lucha contra la corrupción en el Poder Judicial, sino también para garantizar que no sea utilizada la Corte para una cosa de esta naturaleza.
—Efectivamente. Todos los gobiernos intentan –y eso es constitucional, no es nada que vaya en contra de la propia Constitución– poder designar la mayor parte de ministros porque se entiende que van a elegir un perfil más acorde con sus políticas. El que crea que la Suprema Corte mexicana o cualquiera del mundo no está politizada, está engañado. O sea, las cortes juegan un papel político: en el caso mexicano, resuelve cuestiones que van más allá de lo que dice la legislación, incluso más allá de lo que dice la propia Constitución, y en esas decisiones cuentan los valores personales de cada ministro. Entonces, el presidente actual, como todos los presidentes, intenta tener a la Suprema Corte de su lado y eso es constitucional, es un juego político, un juego digamos dentro de las reglas que desde siempre se han dado en todos los países.
Ante este intento golpista, el doctor Mario Santiago considera que "la ventaja que tenemos es que el gobierno actual, es decir el presidente [López Obrador], lo tiene clarísimo, hay gente muy cercana a él que sabe y toma referente de lo que pasó en Bolivia, en Brasil, en Ecuador, y sabe cuáles son las formas de actuar de la derecha que está tomando una postura antidemocrática cuando ellos son, precisamente sus voceros, [Enrique] Krauze, [Héctor] Aguilar Camín, son los que defendían la democracia cuando les convenía, porque cuando tenemos un gobierno democrático de izquierda ahora ya no les gusta el poder democrático".
—¿Por eso utilizan la ley a modo, o sea, promueven esta tendencia a decir que se protege o se vulnera el estado de derecho pero de acuerdo con su propio interés, no respetando la voluntad del pueblo, porque este gobierno fue elegido por 30 millones de mexicanos?
—Y no sólo eso, es un presidente al que se le cometió fraude, y el más descarado fue cuando ganó Felipe Calderón, quien a sabiendas de eso y de que contaba con un poder deslegitimado intenta de todas las formas legitimarse causando miedo, y ahora sabemos que el propio gobierno generaba violencia. Entonces esa violencia les conviene porque es la forma de perpetuar un sistema policial en el que incluso el propio Ejército se vio involucrado; entonces, el miedo es otro factor en contra de las decisiones libres, porque cuando la gente tiene miedo no vota libremente, y la derecha lo sabe muy bien.
—En ese sentido, se puede observar una gran diferencia entre lo que pasaba entonces con el uso del Ejército y lo que pasa ahora, porque muchos también con esta idea de desprestigiar al gobierno hablan de la militarización, pero no es comparable. ¿Ésta podría ser otra de las jugadas de López Obrador para tratar de reducir los riesgos en un golpe de Estado duro?
—Sí, efectivamente. Y yo también por ahí pienso que el que no se haya procesado al general [Salvador] Cienfuegos va por ahí, porque si algo respeta y pues teme en el fondo el presidente es que el Ejército lo desobedezca, por eso son los consentidos. En un momento ideal no sería lo más correcto, incluso por justicia tenía que haber procesado a Cienfuegos, pero es una jugada táctica que, si lo entiendo bien, tiene que ver con la protección de las instituciones y sobre todo con el no enemistarse con el Ejército al que se le dio en otro momento un poder tan grande del que ahora hay que cuidarse. Eso es lo que yo veo por fuera.
—Como constitucionalista, qué opinas respecto del Poder Judicial, porque el Poder Judicial en otros golpes de Estado blandos ha jugado un papel fundamental y en México no podemos hablar de un Poder Judicial que se apega a las leyes o que está siempre garantizando el estado de derecho, sino que está corrompido parcialmente, pero en su mayoría; y que dista mucho de lo que se requiere para un país democrático.
—Yo pensaría de forma positiva: creo que la mayoría de los jueces y de las juezas son personas honestas, pero está filtrado también. Hay muchos jueces, más de los que deciden a favor de las empresas y que, entonces, el Estado está litigando hasta el final, esperando a que llegue a la Corte para que exista una decisión que contradiga lo que jueces de distrito han detenido. Muchas veces lo que está detrás son intereses egoístas de un pequeño grupo de empresarios y que van en detrimento de la mayoría. Sí sé de secretarios de acuerdos que están comprados, que son los que redactan las sentencias; jueces que están comprados, pero me consta que la mayoría no. Así que no está del todo tomado el Poder Judicial.
En este mismo contexto, el doctor Santiago Juárez advierte que sería grave que las grandes decisiones de este país se judicialicen, porque tienen que ser democráticas, no judicializadas. Como ejemplo pone a las políticas públicas que son una cuestión del gobierno: "la soberanía, el artículo 27 constitucional original, nos habla de que los bienes son originalmente de la nación y que el Estado podrá imponer el tipo o modalidad de propiedad que se necesite, es decir que ya desde el origen revolucionario de nuestra Constitución nos habla de un poder del Estado para ser rector económico y esto es lo que los empresarios, por ejemplo energéticos, están viendo que se les va el gran negocio que no era más que un abuso, porque en muchos casos estaban subvencionados por el Estado, es decir, por nosotros que estamos pagando impuestos".
—Y esto se da a pesar de que el gobierno que no está representando un gran rompimiento con el capitalismo, o sea, ni siquiera estamos hablando de un gobierno totalmente anticapitalista.
—Por supuesto que no: está jugando al libre mercado, que son las reglas del juego. Pero, el libre mercado no significa que no esté regulado, tiene que haber una regulación respetando los principios básicos del libre mercado, pero que busque la no concentración de los ingresos, que es lo que provoca el liberalismo. Desde hace mucho tiempo se sabe que el liberalismo económico provoca concentración de la riqueza; y si el Estado no interviene para que esto no se exacerbe pues estamos en la situación que reina en este momento en México, que es uno de los países más desiguales de Latinoamérica, con una pobreza enorme y una concentración de la riqueza grosera. La gran falacia de los neoliberales es que la creación de la riqueza iba a permear en las clases populares pero eso no existe, eso es falso porque nadie que tenga dinero lo va a soltar, y la única manera de la redistribución justa de la riqueza es subir impuestos y generar capacitación, educación, dar servicios públicos gratuitos, universales, para que todos los mexicanos, cuando menos, tengan acceso a la salud con toda la dignidad que merecen.
—Doctor, desde tu perspectiva y teniendo en cuenta la historia de nuestro país y cómo se ha saqueado en muchos momentos, ¿a quién crees que le conviene o le beneficia tener un gobierno débil?
—Yo creo que precisamente, ahora en este momento, por lo menos a la oposición, pero la oposición, ya lo vemos, es abiertamente empresarial; es decir, tenemos por primera vez en la historia revolucionaria unos partidos que están apoyados por los empresarios y esos empresarios que sacaban la mejor tajada del presupuesto público. Por eso toda esta campaña que se dio durante los primeros dos años del gobierno, que era la necesidad de que el gobierno gastara. Claro que el gobierno está gastando porque el presupuesto es el mismo y se gasta, la cuestión es a dónde se dirige ese presupuesto. Y ahora se está dirigiendo a las políticas sociales y no, por ejemplo, a las compras millonarias, fraudulentas, corruptas de medicamentos; no se está gastando en la subvención de empresas energéticas o se intenta bajar este gasto público en estas empresas.
Entonces, que se gaste el dinero donde debe gastarse. ¿Y dónde debe gastarse el presupuesto público? Pues se ha dicho desde hace mucho tiempo que el presupuesto tiene que tener una perspectiva de derechos humanos y, en ese sentido, los derechos económicos, sociales, culturales tienen prioridad. Entonces, hablamos ya de educación de salud, de vivienda, de dinero para las pensiones, seguro de desempleo, bueno, construir un estado de bienestar. Y esto no tiene nada que ver ni con el comunismo ni con el socialismo, son ideas que se construyeron después de la Segunda Guerra Mundial y que tanto México, como Europa, como Estados Unidos en su momento siguieron. Es la construcción de un Estado donde las personas tienen lo básico para tener una vida digna, eso es lo único que se pide, una vida digna que millones de mexicanos no tienen. Entonces, ¿los interesados quiénes son? Los que ganaba y lucraban con el viejo presupuesto; los que recibían dinero por cada número de presos. También las empresas trasnacionales, las mineras, por ejemplo, que pueden explotar, contaminar, saquear los minerales del país y además pagando ínfimos impuestos porque los gobiernos corruptos de los sexenios anteriores les permitían para quedarse en México a través de dádivas: "mira, yo te dejo 2-3 millones y tú me dejas explotar una mina de miles de millones de dólares", es decir, por migajas los políticos corruptos vendieron el país, eso es así.
Las organizaciones de derechos humanos serias no desestabilizan gobiernos
El doctor en derecho Mario Santiago Juárez considera preocupante el señalamiento que se ha hecho a las organizaciones civiles sin ningún matiz, sin diferenciar las que forman parte de la oposición y las que hacen un trabajo legítimo.
"Participo directamente en una [organización], que es Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos. Y la organización Idheas, como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, como tantas organizaciones mexicanas sí usan dinero de, por ejemplo, embajadas europeas, Reino Unido, de Holanda, de Noruega. Se usan recursos también de la Unión Europea, pero eso no las hace menos nacionalistas, la cuestión es que las hace más independientes. Entonces, habría que diferenciar. Y yo sí creo que a veces el presiente no distingue entre organizaciones que son realmente protectoras de derechos humanos y organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción, que son organizaciones empresariales que tienen fines empresariales. Las organizaciones de la sociedad civil están financiadas por gobiernos extranjeros porque a veces se litiga en contra del gobierno mexicano y el gobierno mexicano no va a dar financiamiento para litigar en contra de él. Entonces creo que habría que tener precisión cuando se habla de organizaciones: ¿cuáles? Porque el recibir dinero extranjero no significa estar vendiéndose, porque por ejemplo el trabajo que se hace a favor de las personas desaparecidas, personas que han sido torturadas no es un trabajo político, no es un trabajo para desestabilizar, es un trabajo para evidenciar y proteger derechos.
—¿Y en este caso las organizaciones que reciben dinero de gobiernos extranjeros no necesariamente se vuelven dependientes de esos gobiernos?
—No. Claro que no. Digamos que la línea la establece cada organización, Entonces, si yo digo que voy a trabajar por las víctimas de tortura, pues lo único que voy a hacer o tener que demostrar es que efectivamente realicé trabajo en favor de las víctimas. Pero nunca, yo no conozco ninguna organización seria que lo haga, está buscando desestabilizar al gobierno, porque además si uno revisa son organizaciones que van más allá de partidos políticos. Por ejemplo, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, que se funda en los años 80 o 90, ha trabajado en todos los gobiernos en favor de las víctimas más allá del gobierno en turno. Entonces, ahí esa distinción es importante porque luego el lector no tiene por qué tener el conocimiento de eso.
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